Según
el informe del lunes, y sin dar muchos detalles, La Policía Nacional de
Nicaragua detuvo a Mauricio José Díaz Dávila, exdiplomático y directivo del
Partido Ciudadanos por la libertad (CXL). Un partido que ya fue mandado a
cerrar por oponerse al dictador de Nicaragua.
Según
las autoridades, arrestaron a Díaz Dávila por realizar “actos” que según ellos
menoscaban la independencia, la soberanía, la autodeterminación, y también por
exigir, demandar y celebrar las sanciones impuestas al estado de Nicaragua y a
sus dirigentes.
Ese
mismo lunes CLX hizo la denuncia a través de su perfil de Facebook, en el que
exigía la liberación inmediata de Dávila, y el respeto a la integridad física
tras ser arrestado de manera arbitraria.
Sucede
que en días anteriores, y dada la escalada de represión política que sufre el
país, el Consejo Supremo Electoral canceló el viernes pasado la personería
jurídica a Ciudadanos por la libertad (CXL). La medida vino luego de que el
Partido Liberal Constitucionalista (PLC) denunció a la fuerza política por violar
la ley electoral supuestamente.
El
Consejo acusó a CXL de promover acciones contra la soberanía nacional.
Por
otra parte, el Ministerio de Gobernación avisó el domingo la cancelación del
pasaporte nicaragüense y la nacionalidad de la presidenta del partido, Carmella
María Rogers Amburn. Y su partido se pronunció enseguida en las redes sociales
para condenar esta medida contra una mujer que es nicaragüense por demás.
Tras
la arbitrariedad de los acontecimientos, el Centro Nicaragüense de Derechos
Humanos (Cenidh) condenó el mismo lunes a través de su cuenta de Twitter lo que
fue un “secuestro violento de Mauricio Díaz luego de cumplir con la cita de la
Fiscalía” también agregó que “informaciones públicas indican que sus
acompañantes, su hijo y su abogado fueron agredidos por la policía”
De
esta forma el exdiplomático Díaz Dávila pasa a formar parte de una lista que
suma ya 32 opositores detenidos desde el 28 de mayo por parte del régimen de
Daniel Ortega.
En
la lista se incluyen a ocho precandidatos a la presidencia y vicepresidencia,
quienes fueron arrestados y puesto en investigación bajo el artículo 1 de la
Ley No 1055 “Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la independencia, la
Soberanía y la Autodeterminación para la paz”. Esta no es más que una ley para
sacar de circulación a todas las figuras de la oposición nicaragüense previo a
las elecciones de noviembre.
Daniel
Ortega insiste en que son criminales que organizaban acciones para
desestabilizar el país, mientras la OEA, la Unión Europea, el Departamento de
los Estados Unidos, y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos, siguen demandando sin éxito, la liberación inmediata
de cada uno de estas y estos opositores.
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