El
texto, que prevé en particular la externalización a terceros países del examen
de las solicitudes de asilo, entrará en vigor próximamente, cuando haya
recibido el consentimiento de la reina Isabel II.
Por
Cuba Impacto
La
controvertida reforma del asilo del gobierno de Boris Johnson está a punto de
entrar en la ley británica, luego de cruzar un último obstáculo en el
Parlamento este 27 de abril. Tras el rechazo este miércoles de una enmienda en
la Cámara de los Lores, la cámara alta del Parlamento británico, el texto
entrará pronto en ley, cuando haya recibido el consentimiento de la reina
Isabel II.
La
reforma prevé, en particular, sanciones más duras contra los traficantes de
personas y los migrantes que llegaron ilegalmente al país a sabiendas, así como
la externalización a terceros países del examen de las solicitudes de asilo. El
Gobierno conservador anunció hace dos semanas un acuerdo con Kigali para enviar
a Ruanda a los solicitantes de asilo llegados ilegalmente a Reino Unido.
El
primer ministro Boris Johnson había prometido controlar la inmigración, un tema
clave en la campaña del Brexit, pero el número de cruces ilegales del Canal de
la Mancha se triplicó en 2021, un año marcado por la muerte de 27 inmigrantes
en un naufragio a finales de noviembre. Ante las críticas, el gobierno invoca
la necesidad de disuadir a los candidatos de estos peligrosos cruces y romper
el lucrativo tráfico de contrabandistas.
La
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados lamentó
la aprobación del texto británico que “socava las leyes y prácticas
internacionales establecidas en la protección de los refugiados”. En un
comunicado, el Alto Comisionado Filippo Grandi dijo que estaba "preocupado
por la intención del Reino Unido de externalizar sus obligaciones de proteger a
los refugiados y solicitantes de asilo a otros países", y subrayó que tal
medida va en contra "de la letra y el espíritu de la convención sobre
refugiados".
La
ONG Oxfam, a través de la voz de uno de sus líderes, Sam Nadel, denunció en la
aprobación de este "odioso" texto un "golpe devastador para las
familias que huyen del conflicto y la persecución". “El gobierno debería
proteger, no castigar, a los refugiados”, prosiguió, denunciando “los planes
inmorales de externalizar nuestras responsabilidades en materia de asilo en
Ruanda”.
“El
horrible conflicto en Ucrania ha generado un inmenso apoyo público” para los
refugiados, continuó, y “un recordatorio de la importancia de un sistema de
asilo justo y la necesidad de vías más seguras y legales”.
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