Los tribunales estadounidenses ordenaron a cuatro cruceros que paguen casi 450 millones de dólares por utilizar un puerto en La Habana nacionalizado por las autoridades cubanas en 1960.
Por Cuba Impacto
El fallo, dictado el viernes por un juez federal de Florida, ordena a las líneas de cruceros Carnival, MSC SA, Royal Caribbean y Norwegian pagar cada una 109 millones de dólares más las costas judiciales a la empresa estadounidense Havana Docks.
Después de la revolución de Castro en la isla caribeña, a estos últimos se les retiraron sus derechos para operar el puerto sin compensación.
Las cuatro compañías cuyos transatlánticos hacen escala en Cuba “han obtenido ganancias sustanciales, del orden de cientos de millones de dólares cada una, de sus actividades ilegales en ese puerto”, dijo la jueza de distrito Beth Bloom.
Estados Unidos impuso un embargo económico a la isla desde 1962, pero el presidente demócrata Barack Obama lo relajó y permitió a los pasajeros de cruceros hacer escala en Cuba en 2016, decisión que luego revocó su sucesor republicano, Donald Trump.
Sin embargo, el veredicto no se basa en este embargo, sino en partes de una ley de 1996 que había permanecido en letra muerta hasta entonces.
En ese momento, el Congreso de los EE. UU. quería disuadir a posibles inversores en Cuba autorizando a cualquier estadounidense cuya propiedad hubiera sido confiscada por el régimen de Fidel Castro a enjuiciar a quienes se beneficiaran de su uso.
Sin embargo, sucesivos presidentes estadounidenses habían bloqueado el uso de esta medida hasta que Donald Trump decidió promulgarla en 2019.
Siguieron una serie de juicios, el primero de los cuales fue contra los cruceros. En marzo, el juez Bloom declaró culpables a las cuatro empresas de “tráfico” y “turismo prohibido” según la ley.
El viernes determinó el monto de la indemnización resultante de esta sentencia.
“Dado el propósito disuasorio de la ley y la naturaleza del delito, una multa de poco más de 100 millones de dólares por acusado es ciertamente apropiada”, dijo.
Su decisión es apelable, pero podría tener graves repercusiones para la economía cubana, que atraviesa su peor crisis desde la década de 1990.
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