En varias ciudades portuguesas, los vecinos salieron a las calles para protestar contra el coste de los alquileres.
Por Cuba Impacto
Miles
de personas se manifestaron el sábado por la tarde en Lisboa y en varias otras
ciudades importantes del país por el derecho a la vivienda, exigiendo en
particular un control de los alquileres y más viviendas
sociales. "Vivienda: ¿un derecho para todos" o "¿un derecho
o un privilegio?" podíamos leer en los carteles sostenidos por los
manifestantes.
"Vivo
con el temor de que mi casero me anuncie en cualquier momento un aumento
repentino de mi alquiler", dice a la AFP Ana Reis da Silva, una abogada de
32 años que vive en Lisboa desde hace diez años. "Los alquileres
deben seguir siendo asequibles", dijo Martinho Faias Parreira, un jubilado
de 72 años que vive en viviendas sociales en la capital. Le preocupa el
fuerte aumento de su alquiler en los últimos años.
“Derecho
a la vivienda para todos”
Los
manifestantes reclaman "el derecho a la vivienda para todos, un derecho
consagrado en la Constitución", mientras las familias tienen que hacer
frente a los precios en alza, como recuerda el movimiento "puerta a
puerta" que convocó para esta jornada a la movilización con otras
asociaciones.
Para
hacer frente a la crisis inmobiliaria, el Gobierno aprobó este jueves un plan
que apunta a aumentar la vivienda disponible en un país que cuenta con unas
730.000 viviendas desocupadas o en ruinas.
Una
de sus medidas emblemáticas se refiere al fin de las visas doradas, permisos de
residencia otorgados a inversores extranjeros adinerados, para frenar la
especulación inmobiliaria. Según la oficina europea de estadísticas
Eurostat, el precio de compra de la vivienda en Portugal ha aumentado más de un
75 % entre 2010 y 2022, mientras que los alquileres han aumentado casi un 25 %.
Ventajas
fiscales
El
plan de vivienda también prevé beneficios fiscales para los propietarios que
acepten colocar alquileres de temporada en el mercado residencial, una
fiscalidad más favorable para el mercado de alquiler, la comercialización de
pisos que llevan más de dos años desocupados en las grandes ciudades.
A
esto se suman medidas para ayudar a las familias a hacer frente al aumento de
los alquileres y los pagos mensuales de la hipoteca. El gobierno debería
dar prioridad a la vivienda social, que "ofrecería alquileres de acuerdo a
los ingresos familiares", dice Rita Silva, activista de Habita, una
asociación por el derecho a la vivienda, una de las muchas voces que critican
el plan del gobierno.
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